Los obstáculos de la paz

Después de más de una década de desprecio colectivo a la idea de buscar una salida negociada al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nuevos vientos de paz oxigenan el aire nacional.

El debilitamiento de esa guerrilla, fruto de los golpes militares de esta administración y la pasada, así como la política progresista de la administración Santos y del Congreso de la República, la cual se materializó con la ley de restitución de tierras, la ley de víctimas, la expedición del acto legislativo que reformó el régimen de regalías y el actó legislativo que dibujó el marco para la paz, son condiciones que han facilitado alcanzar este nuevo escenario.

Esto es algo que debe aplaudirse y de lo que debemos sentirnos felices todos los colombianos. Sin embargo, es necesario ser cautos y prever desde ya las dificultades que tendrá este nuevo proceso de paz. Entre todas ellas, quiero llamar la atención sobre los siguientes puntos:

Primero, la salida negociada al conflicto armado tiene muchos enemigos: los militares y políticos de ultraderecha; los izquierdistas ortodoxos; los combatientes de cada bando que se benefician del estilo de vida de la guerra; los traficantes de armas; el aparato industrial militar transnacional, con empresas de los Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente a la cabeza; y los políticos colombianos que hacen del tema de la guerra y la paz un factor de campaña electoral; entre muchos otros.

Esos enemigos de la paz han demostrado en el pasado, y lo seguirán haciendo ahora, que no tienen escrúpulos a la hora de sabotear los procesos de paz y que cualquier precio es poco con tal de preservar los beneficios que para ellos se desprenden de la guerra. Esa propensión al sabotaje genera un riesgo para los principales actores sentados en la mesa de negociación, para las comunidades que aquellos representan y para la sociedad colombiana en general. No debe parecernos raro, por lo tanto, que por estos días se incrementen acciones terroristas o bélicas de todo tipo, en el campo y la ciudad, con autores no identificados.

Por esta razón, es importante que el Presidente Santos, su equipo de gobierno y la fuerza pública extremen precauciones y cumplan durante toda la fase de negociación, aún con mayor ahínco que antes, su deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los colombianos. El éxito del proceso depende en gran medida de la capacidad del Estado de minimizar los actos de sabotaje a la paz y de garantizar un clima propicio para ella.

Segundo, las partes de la negociación tienen una atadura muy importante: no todas las personas interesadas en el proceso de paz podrán disfrutar de la renuncia a la persecución penal por parte del Estado y al restablecimiento de sus derechos políticos.

Los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad; los derechos de las víctimas, los cuales han hecho fuerte carrera en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; y la hipervigilancia que ejercerán a lo largo del proceso apósteles de los derechos humanos, como Human Rights Watch, los cuales ya expresaron en el pasado su abierta oposición al marco para la paz aprobado por el Congreso;[1] son obstáculos de índole jurídica y política que deben ser superados para evitar la condena de Colombia, sus dirigentes o los desmovilizados, por cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso del Estado) o la Corte Penal Internacional (en el caso de las personas naturales), y para evitar el desprestigio del país como uno que facilitó la impunidad en detrimento de las víctimas del conflicto.

Ahora bien, el marco para la paz aprobado por el Congreso, el cual ha sido incorporado a la Constitución por medio del artículo transitorio 66, indica que no podrán acogerse a los beneficios de los regímenes de justicia transicional que expida el Congreso quienes hayan cometido actos de lesa humanidad, y que sólo tendrán derechos de representatividad política quienes no hayan cometidos esos delitos. Es razonable preguntarse entonces, ¿si todos los miembros del secretariado de las FARC, así como sus principales líderes de bloques y frentes guerrilleros son responsables por este tipo de delitos, qué margen de negociación le queda al Estado para propiciar su regreso a la comunidad política?

Es muy importante que el gobierno acelere este proceso de reflexión, con ayuda de los académicos y los expertos en la materia, buscando una salida triplemente satisfactoria para las necesidades de paz del país, para los derechos de las víctimas y para la satisfacción de los custodios de los derechos humanos y los tribunales internacionales encargados de su guarda. Pero las universidades también deberían comprometerse con la búsqueda de salidas del conflicto, sin esperar la invitación del gobierno: reflexión e ideas es lo que necesita el país en este momento.

Tercero, es muy importante anotar que el derecho a conocer la verdad que promueve el artículo 66 transitorio de la Constitución alcanza no solamente a las FARC, sino también a los militares colombianos. Estos también han sido victimarios a lo largo del conflicto y por lo tanto deberían confesar a las víctimas y al país los crímenes que han cometido. 

Desafortunadamente, es muy probable que ejerzan una abierta oposición a esta necesidad histórica, invocando el honor militar y otros artilugios, para no cumplir con ese llamado. Y sin embargo, conocer la verdad de lo que han hecho los militares en Colombia es una necesidad y un  derecho del país y las víctimas del conflicto.

Por eso resulta de la mayor importancia la reunión realizada por el Presidente Santos el 27 de agosto con antiguos generales de la República. Ellos deben contribuir a propiciar un clima de paz, así como a garantizar una recomposición de las fuerzas militares y de policía, más propensas al respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y al cumplimiento de sus compromisos constitucionales y legales, y sobre todo, abiertas a contarle al país su parte de responsabilidad en este conflicto, que no ha tenido como único responsable a las FARC, sino también a las fuerzas reaccionarias del país.

Cuarto, las mayores dificultades de las negociaciones de paz no se vivirán durante la época de la negociación sino durante la etapa del posconflicto. La historia de Colombia explica en gran medida por qué razón las FARC son tan reacias a la entrega de armas.

A modo de ejemplo, la retoma de Marquetalia por medio de la utilización de más de 5000 soldados y bombardeos con Napalm, y la subsiguiente persecución de campesinos inermes, después de la fallida paz de Rojas Pinilla, mostraron el lado más sanguinario y cruel del Estado colombiano, el cual ocasionó con tales acciones la partida de las Columnas de Marcha, las cuales más adelante serían elevadas a la categoría de mito fundacional de las FARC. Asimismo, los pactos de paz con los liberales y la utilización de sus ex combatientes para perseguir a los campesinos comunistas [2] en los años previos al Frente Nacional, concluyeron en una sangría que escalofriaría a Francisco de Torquemada.

Igualmente, la irresponsabilidad histórica del Partido Comunista Colombiano (que después de los acuerdos de paz de la Uribe continuó defendiendo la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha), y el posterior genocidio de la Unión Patriótica por parte del ejército y de la extrema derecha, contribuyeron a la cremación del germen de la paz. Asimismo, los procesos de reincorporación de los paramilitares demostraron que las estructuras militares y delincuenciales se resisten a morir, y que, muchos de sus actores después de los acuerdos de paz o reincorporación buscan preservar sus feudos y poder económico y militar. Podría decirse tristemente que en Colombia la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Es hora de poner punto final a eso.

Todo lo anterior implica que, sin contar con previsiones serias sobre cómo garantizar la vida e integridad de los ex combatientes de las FARC, y sin un compromiso serio y decidido – podría decirse espiritual – de sus mandos altos, medios y bajos, con la democracia, todo está perdido. Esto es particularmente importante en lo que respecta a la reincorporación de los menores de edad que integran actualmente las filas de las FARC.

El ICBF debe ser parte muy activa de este proceso de paz, definiendo cuál será el futuro de esos jóvenes y el mejor canal para reincorporarlos a la sociedad.  

En quinto lugar, es necesario tener presente que las FARC no tienen mucho para proponerle al país. El proceso de paz durante la administración Pastrana lo demostró. En el lado de la guerrilla, esa realidad dificulta su capacidad de negociación y la posibilidad de que encuentren una salida digna al conflicto. Al fin y al cabo, intuyo que los miembros del Secretariado se preguntan constantemente, ¿qué es lo que hemos conseguido después de 50 años de guerra? ¿Qué le aportamos al país?

Sin embargo, si las FARC se limitan a negociar la profundización la política de reforma agraria integral, profundizando los alcances de la Ley de Tierras; la reforma del sistema electoral colombiano; y su reincorporación a la vida política, tal vez sea posible llegar a algo e incluso tal vez ganen nuevos adeptos en su tránsito hacia la legalidad. Al fin de cuentas, el problema agrario sigue siendo en gran medida el problema ancestral del país.

Adicionalmente, las FARC podrían contribuir a encontrar una solución permanente a un debate aplazado por décadas: la legalización de la droga. El problema agrario en Colombia y los problemas de violencia no podrán resolverse mientras la coca siga siendo un negocio tan rentable.  La pugna de los actores violentos por el control de las zonas de cultivo, procesamiento y tránsito de droga, previsiblemente continuará.

Las víctimas serán, una vez más, los campesinos pobres del país, los militares y policías de la patria, y todo seguirá igual. La legalización de la droga debe ser un punto nuclear de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. De lo contrario, el combustible de la guerra seguirá fluyendo del corazón de la tierra y plagando de rios inflamables el territorio nacional.

Por último, debemos ser conscientes que el cubrimiento de muchos medios de comunicación de las noticias relacionadas con el tema de la guerra y la paz ha sido – y probablemente seguirá siendo – extraordinariamente irresponsable. Muchos medios de comunicación son proclives a hacer del tema de la paz un circo. Piensan que las “chivas” son más importantes que cualquier otra consideración, no por el valor periodístico e informativo de su contenido, lo cual sería una motivación loable, sino por el incremento en los indicadores de sintonía.

Por si fuera poco, en Colombia los medios masivos de comunicación han demostrado ser, en una gran medida, desfachatados agentes al servicio del poder político y económico. La noticias que comparten son, en esa medida, armas al servicio de los patrones de turno.

Por lo anterior, ha hecho bien el gobierno en abrir la puerta del diálogo con sigilo y moderación. Sin esconderle al país lo que está haciendo, debe negociar con prudencia, tacto e inteligencia política y comunicativa. Pero ante todo, sería recomendable que hiciera un pacto con los medios sobre la forma de cubrir el tema de la paz (y de la guerra): sin dejar de cubrir las noticias relevantes en esta materia, en pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión, los medios deberían hacer un cubrimiento de estos sucesos con sentido patriótico, sin manipular la opinión pública y sin minar de bombas el camino de la paz.

---

[1] Artículo transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Mediante una Ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Una Ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal.

[2] Estos fueron los llamados “limpios”.