La dirigencia nacional – si es que así podemos referirnos a tan lamentable constelación de políticos guiados por intereses personalistas y mezquinos – no tiene límites. Ha logrado convertir a la que debiera ser la profesión más noble, la política, en la actividad más detestada por los colombianos.
No le ha bastado con arrastrar a Colombia hacia el fango del odio y el vituperio interminable, sino que ha intensificado el uso de las herramientas más innobles que uno pueda imaginar, para hacerse al poder: el asesinato selectivo; la injuria y la calumnia; la compra de votos; la manipulación de la contratación pública; y la instrumentalización de la justicia, como arma de silenciamiento y extorsión.
Esa dirigencia ha puesto en grave riesgo nuestra democracia y la credibilidad de sus instituciones. Sin esa fe en la democracia, la autocracia y el populismo (de izquierda o derecha) florecen con facilidad. Los ciudadanos ya no quieren estadistas, anhelan caudillos; no escuchan razones, adoran la demagogia; desprecian el valor de la solidaridad, y se destruyen mutuamente, guiados por la ley del más fuerte.
Pero esa dirigencia es insaciable. Por estos días tales capitanes de la inmoralidad pública recorren el país con el objetivo infame de consolidar alianzas con caciques regionales, contratistas corruptos y politiqueros de la peor ralea, para hacerse a una porción del botín del mercado electoral, al precio que sea.
Ya están listas las componendas para las elecciones de marzo. Ya están listos los endosos de electores. Los recursos de la salud, las regalías y la contratación ya van en camino hacia los jefes de campaña, hacia los líderes de base y hacia las autoridades que deben ser engrasadas para asegurar la elección del candidato.
Los partidos políticos, entretanto, no sólo se prestan para el juego, lo patrocinan. En lugar de buscar un lugar en la historia impulsando ideas de cambio y progreso, continúan en la práctica impúdica de entregar avales a hermanos, primos, cuñados, concuñados, contratistas y amigos de los políticos que han saqueado a la nación, a sus departamentos y municipios, sin compasión, durante décadas.
La gran mayoría de partidos políticos entran en la misma colada. Incluso los partidos que hoy posan de abanderados de la moral, dieron avales a ex alcaldes, ex gobernadores y otros personajes perversos que han saqueado sin ningún tipo de miramiento las arcas públicas o protagonizado gravísimos escándalos de fraude, corrupción o pésima administración pública.
Otros incluyeron en sus listas al Congreso a los principales corifeos de la violencia paramilitar en Colombia, a los apologetas del desplazamiento forzado, a los más notables protagonistas de la destrucción de valores y la desintegración de cualquier noción de respeto por el sistema de equilibrio de poderes, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Todos juegan el mismo juego: la lucha por elegir en marzo unos cuantos congresistas adicionales a los que alcanzaron en el periodo pasado. Ello contribuirá a incrementar su capacidad de chantaje sobre el gobierno al precio del riesgo de naufragio de la implementación de los acuerdos de paz. También será útil para capturar diferentes instituciones del Estado y saquearlo como un mercado abierto al pillaje de estos hunos de la política, que solo la conciben como la llave de su enriquecimiento personal.
Mientras tanto, los partidos políticos y sus líderes se complacen por los servicios prestados a Colombia, arrellanados en el diván de lo que parecería una genuina satisfacción patriótica. Se sienten – y se venden – como salvadores de la moralidad pública. Pero sólo les importan el poder, las curules, la burocracia y el presupuesto nacional, para privatizarlos a la menor oportunidad.
Se hacen los de la vista gorda con la verdad más elemental: la corrupción en Colombia es un gran generador de violencia, vulneración de derechos humanos, y más grave aún, muerte. ¿Quién podría poner en duda que la corrupción de la salud, la alimentación, la seguridad social o la justicia, mata seres inocentes, a la vista de todos?
¡Los avales entregados por los partidos a esa casta politiquera de mercachifles de lo público, son avales para matar! Son el salvoconducto de una de las peores formas de criminalidad: la corrupción de las elites políticas de cuello blanco. Elites patéticas que, a pesar de estar tras las rejas por actos de corrupción, lanzan al Congreso a sus familiares o amigos para seguir teniendo poder, influencia y capacidad de robo, por interpuesta persona.
Los partidos políticos deberían considerar seriamente revocar los avales entregados a personas vinculadas con sujetos indiciados de participar en casos de corrupción. Aun pueden hacerlo. La ley así se los permite y así la sociedad se los demanda.
16 de diciembre de 2017
